Hoy día no es raro ver a los críticos de Israel acusarlo de ser un estado de apartheid. Tanto si esta descripción se utiliza para describir las políticas israelíes respecto a los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza, como a los ciudadanos árabes de Israel, el término es inexacto, ofensivo y a menudo se utiliza para deslegitimar y denigrar a Israel en su conjunto. Además, el uso de esta inexacta y altamente cargada etiqueta es también contraproducente para resolver cuestiones relacionadas con las injusticias al interior de la sociedad israelí o el complejo conflicto palestino-israelí.
El término apartheid suele referirse a la política de segregación racial en la Sudáfrica anterior a la década de 1990. El apartheid fue un sistema racista y represivo por el que la minoría blanca de Sudáfrica impuso su dominio, a través de una sistemática legislación racista, sobre la población negra y otros grupos raciales no blancos que constituían más del 90% de la población del país.
La acusación de apartheid distorsiona fundamentalmente lo que es Israel.
Aunque no cabe duda de que Israel, como todos los países, tiene tremendos retos sociales y debe mejorar su manejo de los problemas de prejuicios, discriminación, desigualdad y racismo institucionalizados, optar por la etiqueta de apartheid parecería cuestionar la legitimidad del único Estado judío del mundo y su existencia continuada.
En Israel existen salvaguardias para garantizar la igualdad de trato de todos los ciudadanos, judíos o árabes, y leyes e instituciones democráticas israelíes —incluidos los tribunales independientes y la sólida prensa libre—encargadas de defender estos derechos. Los ciudadanos árabes israelíes, que representan más del 20% de la población de Israel, ejercen como jueces, embajadores, legisladores, periodistas, profesores y artistas, y desempeñan papeles destacados en todos los aspectos de la sociedad israelí. Y por primera vez, a partir de junio de 2021, un partido político árabe islamista forma parte de una coalición de gobierno.
Las políticas israelíes en Cisjordania y relacionadas con la Franja de Gaza siguen siendo objeto de disputa y negociación por parte de israelíes y palestinos. Son complicadas y, debido a la falta de un acuerdo definitivo, existen efectivamente políticas y restricciones —incluyendo limitaciones a la circulación y al acceso a determinados recursos— que pueden imponer enormes dificultades a los palestinos. Desde el punto de vista israelí, tales políticas están justificadas por consideraciones de seguridad, dadas las amenazas pasadas y actuales que suponen las organizaciones terroristas palestinas que atacan a los civiles israelíes, incluso dentro de las fronteras anteriores a 1967. Aunque las políticas y prácticas de Israel pueden ser criticadas, no es exacto decir que son similares a un sistema permanente e institucionalizado motivado y diseñado por el racismo.
También hay que preguntarse para qué sirve la acusación de apartheid. ¿Busca cuestionar y cambiar políticas concretas? ¿O busca demonizar a todo el Estado?
En respuesta a un informe de 2021 de Human Rights Watch en el que se afirmaba que Israel aplica políticas de apartheid, los expertos Daniel C. Kurzer y Aaron David Miller —que llevan mucho tiempo participando en las negociaciones entre israelíes y palestinos— dijeron sobre el uso de esta etiqueta: "No hará nada para mejorar la situación sobre el terreno. Infantilizará a palestinos e israelíes y, en lugar de facilitar las críticas a Israel, probablemente dificultará mucho más el cambio en dos de las circunscripciones que realmente importan: la Administración [estadounidense] de Biden e Israel".
Como señaló el juez Richard Goldstone, antiguo jurista sudafricano y crítico de las políticas israelíes, "[…] quienes confunden las situaciones de Israel y Cisjordania y las comparan con la antigua Sudáfrica, perjudican a todos los que desean la justicia y la paz".